20 de Junio de 2004

 
 
 
 
 
 

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      Regulación: Condición Sine Quanon para la Competencia en Salud

Cdor. Vassallo, Carlos

La globalización es un fenómeno que plantea desafíos claves en materia de cambio empresarial y reforma del estado. La dinámica que imponen los grandes centros financieros y económicos internacionales ha generado una diferencia notable entre los tiempos de cambio de la macroeconomía y la microeconomía.

Hoy vivimos un mundo donde los mercados cambian rápidamente sin pedirle permiso a nadie y uno se levanta un día y las condiciones externas de financiamiento se modificaron y es necesario pagar mayores tasas de interés para obtener el financiamiento externo necesario (aproximadamente 21.000 millones anualmente) que el país necesita para funcionar o bien los propietarios de los fondos de inversión juzgaron como peligroso que gobierne una coalición política donde no prima un pensamiento único y en consecuencia dejan de prestar y automáticamente cambian sus inversiones de un país emergente a otro.

Este es el dilema con el cual debemos convivir: una macroeconomía sujeta a la velocidad de la globalización y una microeconomía sumergida en los entretelones y acuerdos contractuales explícitos o implícitos que configuran un modelo de sociedad y de economía que ya pertenece al pasado.

Tenemos instituciones y organizaciones rígidas y escasamente flexibles ante un mundo que cambia rápidamente y que exige transformaciones estratégicas. La gestión de las provincias, el sistema impositivo, la política social, la coparticipación federal, el régimen previsional y el sistema de salud son algunos de los ejemplos más cercanos de la anterior afirmación.

En el caso de la reforma planteada en el sector salud constituye una muestra de los tiempos y las estrategias cruzadas de los diferentes actores, que intentan defender posiciones ganadas durante años de presencia en el sector.

El sindicalismo a través de su aliada la justicia laboral, logró detener el proceso de libre elección ampliada de seguros de salud y se plantea en consecuencia un nuevo marco de negociación acerca de los tiempos y la extensión de la reforma tendiente a promover una mayor libertad de movimiento en la seguridad social.

Quedo plasmado de manera clara que las reformas no se hacen simplemente mediante la puesta en marcha de un instrumento jurídico sino que requieren una estrategia firme sustentadas en decisiones que tiendan a dar señales e incentivos claros a los comportamientos que se intenta favorecer.

Una reforma que avanza sin una estrategia de comunicación al usuario, sin un proceso de apoyo crediticio tendiente a la reconversión de la oferta prestadora, sin obras sociales cerradas por falta de garantías de pago de las deudas, sin cálculos ciertos sobre el costo del programa médico obligatorio y sin precisiones sobre el financiamiento, inicia muy debilitada como para poder consolidarse luego.

El gobierno logro sin proponérselo poner a todos los actores contra los cambios y en consecuencia el desbalance se incrementó debilitando la posición reformadora y fortaleciendo el agonizante padecer del sistema de obras sociales y sus insondables relaciones con el mercado de prepagas.

La mayoría de las obras sociales tienen temor a perder su función de intermediación en la salud, considerando que un número importante de ellas ya tiene convenios con los prepagos hacia los cuales canalizan a sus afiliados. Además en otros casos la escasa organización y capacidad de gestión sumado a la derivación de recursos hacia actividades extra sanitarias conspira en el intento de retener a los afiliados en su esquema de cobertura.

En el caso de las prepagas, si bien es cierto que los cambios e inseguridades que plantea ingresar a competir a la seguridad social se ve fortalecida por la falta de instrumentos y de experiencia por parte de dichas entidades, en el manejo de grandes grupos poblacionales de bajos ingresos y con un consumo latente de servicios muy importante. La prepaga privada más importante tiene aproximadamente 220.000 beneficiarios cuando los números de la seguridad social podrían elevar la cifras varias veces. El temor a la selección adversa del beneficiario especialmente incentivada por las obras sociales sindicales constituyó también un nuevo motivo de inseguridad para participar en la desregulación pero no podemos desconocer que no ha sido muy común la inversión de las prepagas en el desarrollo de instrumentos de managed care que permitan de alguna manera trazar una diagonal entre brindar cobertura mínima y contener los costos de poblaciones de bajos ingresos.

El uso de la competencia en un sector con altos costos de transacción como el mercado de los servicios de salud, caracterizado por la racionalidad limitada, el oportunismo y la especificidad de los bienes, requiere un esquema de gobierno que evite pagar altos costos por ausencia de regulación y acreditación de la calidad.

Es decir la reforma va acompañada de un fortalecimiento de la información e inteligencia de la SSS mediante la creación de unidades de análisis que permitan conocer perfectamente como funciona el mercado y las organizaciones que conviven en el sector. Pero además dándole objetividad y funciones específicas de regulación y sacándoles funciones de tipo financiero como el manejo del fondo de redistribución que tiende a generar un tráfico de influencias que no contribuye a elevar la autoridad de la regulación.

Pero además requiere de una SSS con solvencia técnica como para realizar o encargar los estudios necesarios que fundamenten las decisiones como por ejemplo un estudio sobre la viabilidad financiera del PMO o una evaluación de las prestaciones costo efectivas que deberían estar en el mismo.

Un proceso de libre elección, no puede ignorar la importancia de construir mecanismos de acreditación de servicios, tecnologías, profesionales, de tal manera de ayudar al usuario y a los jefes de personal de los grupos corporativos a los cuales pertenezcan los beneficiarios a elegir brindando garantías de calidad.

El fortalecimiento de la solvencia técnica de la SSS, la desvinculación del manejo financiero del fondo de redistribución, la objetividad y neutralidad en la elección de sus integrantes constituyen aspectos fundamentales si queremos avanzar en la construcción de una verdadera autoridad reguladora independiente que vele por los intereses de los ciudadanos con derecho a la salud.

Salir de la cautividad de las obras sociales podría resultar costoso sino existe un árbitro que aplique las reglas de juego y que saque de la cancha aquellos jugadores acostumbrados a jugar un partido donde todo vale. La competencia en salud tiene reglas que deben ser respetadas en caso contrario será escasa la eficiencia y equidad que podrá aportar el proceso de reforma.