Cdor. Vassallo, Carlos
La globalización es un fenómeno que plantea desafíos
claves en materia de cambio empresarial y reforma del estado. La
dinámica que imponen los grandes centros financieros y económicos
internacionales ha generado una diferencia notable entre los tiempos
de cambio de la macroeconomía y la microeconomía.
Hoy vivimos un mundo donde los mercados cambian
rápidamente sin pedirle permiso a nadie y uno se levanta
un día y las condiciones externas de financiamiento se
modificaron y es necesario pagar mayores tasas de interés
para obtener el financiamiento externo necesario (aproximadamente
21.000 millones anualmente) que el país necesita para funcionar
o bien los propietarios de los fondos de inversión juzgaron
como peligroso que gobierne una coalición política
donde no prima un pensamiento único y en consecuencia dejan
de prestar y automáticamente cambian sus inversiones de
un país emergente a otro.
Este es el dilema con el cual debemos convivir:
una macroeconomía sujeta a la velocidad de la globalización
y una microeconomía sumergida en los entretelones y acuerdos
contractuales explícitos o implícitos que configuran
un modelo de sociedad y de economía que ya pertenece al
pasado.
Tenemos instituciones y organizaciones rígidas
y escasamente flexibles ante un mundo que cambia rápidamente
y que exige transformaciones estratégicas. La gestión
de las provincias, el sistema impositivo, la política social,
la coparticipación federal, el régimen previsional
y el sistema de salud son algunos de los ejemplos más cercanos
de la anterior afirmación.
En el caso de la reforma planteada en el sector
salud constituye una muestra de los tiempos y las estrategias
cruzadas de los diferentes actores, que intentan defender posiciones
ganadas durante años de presencia en el sector.
El sindicalismo a través de su aliada
la justicia laboral, logró detener el proceso de libre
elección ampliada de seguros de salud y se plantea en consecuencia
un nuevo marco de negociación acerca de los tiempos y la
extensión de la reforma tendiente a promover una mayor
libertad de movimiento en la seguridad social.
Quedo plasmado de manera clara que las reformas
no se hacen simplemente mediante la puesta en marcha de un instrumento
jurídico sino que requieren una estrategia firme sustentadas
en decisiones que tiendan a dar señales e incentivos claros
a los comportamientos que se intenta favorecer.
Una reforma que avanza sin una estrategia de
comunicación al usuario, sin un proceso de apoyo crediticio
tendiente a la reconversión de la oferta prestadora, sin
obras sociales cerradas por falta de garantías de pago
de las deudas, sin cálculos ciertos sobre el costo del
programa médico obligatorio y sin precisiones sobre el
financiamiento, inicia muy debilitada como para poder consolidarse
luego.
El gobierno logro sin proponérselo poner
a todos los actores contra los cambios y en consecuencia el desbalance
se incrementó debilitando la posición reformadora
y fortaleciendo el agonizante padecer del sistema de obras sociales
y sus insondables relaciones con el mercado de prepagas.
La mayoría de las obras sociales tienen
temor a perder su función de intermediación en la
salud, considerando que un número importante de ellas ya
tiene convenios con los prepagos hacia los cuales canalizan a
sus afiliados. Además en otros casos la escasa organización
y capacidad de gestión sumado a la derivación de
recursos hacia actividades extra sanitarias conspira en el intento
de retener a los afiliados en su esquema de cobertura.
En el caso de las prepagas, si bien es cierto
que los cambios e inseguridades que plantea ingresar a competir
a la seguridad social se ve fortalecida por la falta de instrumentos
y de experiencia por parte de dichas entidades, en el manejo de
grandes grupos poblacionales de bajos ingresos y con un consumo
latente de servicios muy importante. La prepaga privada más
importante tiene aproximadamente 220.000 beneficiarios cuando
los números de la seguridad social podrían elevar
la cifras varias veces. El temor a la selección adversa
del beneficiario especialmente incentivada por las obras sociales
sindicales constituyó también un nuevo motivo de
inseguridad para participar en la desregulación pero no
podemos desconocer que no ha sido muy común la inversión
de las prepagas en el desarrollo de instrumentos de managed care
que permitan de alguna manera trazar una diagonal entre brindar
cobertura mínima y contener los costos de poblaciones de
bajos ingresos.
El uso de la competencia en un sector con altos
costos de transacción como el mercado de los servicios
de salud, caracterizado por la racionalidad limitada, el oportunismo
y la especificidad de los bienes, requiere un esquema de gobierno
que evite pagar altos costos por ausencia de regulación
y acreditación de la calidad.
Es decir la reforma va acompañada de
un fortalecimiento de la información e inteligencia de
la SSS mediante la creación de unidades de análisis
que permitan conocer perfectamente como funciona el mercado y
las organizaciones que conviven en el sector. Pero además
dándole objetividad y funciones específicas de regulación
y sacándoles funciones de tipo financiero como el manejo
del fondo de redistribución que tiende a generar un tráfico
de influencias que no contribuye a elevar la autoridad de la regulación.
Pero además requiere de una SSS con
solvencia técnica como para realizar o encargar los estudios
necesarios que fundamenten las decisiones como por ejemplo un
estudio sobre la viabilidad financiera del PMO o una evaluación
de las prestaciones costo efectivas que deberían estar
en el mismo.
Un proceso de libre elección, no puede
ignorar la importancia de construir mecanismos de acreditación
de servicios, tecnologías, profesionales, de tal manera
de ayudar al usuario y a los jefes de personal de los grupos corporativos
a los cuales pertenezcan los beneficiarios a elegir brindando
garantías de calidad.
El fortalecimiento de la solvencia técnica
de la SSS, la desvinculación del manejo financiero del
fondo de redistribución, la objetividad y neutralidad en
la elección de sus integrantes constituyen aspectos fundamentales
si queremos avanzar en la construcción de una verdadera
autoridad reguladora independiente que vele por los intereses
de los ciudadanos con derecho a la salud.
Salir de la cautividad de las obras sociales
podría resultar costoso sino existe un árbitro que
aplique las reglas de juego y que saque de la cancha aquellos
jugadores acostumbrados a jugar un partido donde todo vale. La
competencia en salud tiene reglas que deben ser respetadas en
caso contrario será escasa la eficiencia y equidad que
podrá aportar el proceso de reforma.
