*Artículo publicado el día 19-02-03 en el diario Comercio y Justicia de la Provincia de Córdoba

Establecer una moderación, una equidad entre las mujeres del país es lo que realmente debe interpretarse a través del plan presentado por la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Permitir que las mujeres de nuestro país tengan la posibilidad y el derecho de elegir un método anticonceptivo. No solo se trata de proteger la vida de mujeres o de prevenir abortos, se trata de que no se discrimine a quien no tiene los recursos o la información, establecer un equilibrio en la balanza de las diferencias sociales y monetarias. Que quienes carecen de información, la puedan obtener a través de los profesionales de la salud, que quienes no cuentan con los recursos para comprar los anticonceptivos tengan la opción de obtenerlos en forma gratuita.
Por eso lo que necesariamente se debe tener en cuenta es que si existen este tipo de acciones legales interrumpiendo la ejecución de la Ley, principalmente serán desprotegidas aquellas mujeres que no puedan acceder al control que preservara su salud, que prevendrá un futuro aborto que puede poner en riesgo su vida.
Defendemos el derecho de las mujeres, el derecho a elegir y prevenir futuros riesgos, apoyamos la decisión de equilibrar la participación sin tener en cuenta a que rango social pertenezca cada una. Se trata de ser imparcial, de que a la hora del reparto los beneficios serán justos, sin importar que lugar ocupe en la sociedad, sin tener en cuenta cuales son sus ingresos.
Pensando que todos tenemos el mismo derecho, estabilizando las partes y dejando entrar a quienes no tienen acceso a la información, a la protección y a la vida.

RUBEN ANGEL PUPPO
Vicepresidente Fundación ISALUD

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